Todo puede ser delito. La historia lo demuestra. Ha sido delito ser homosexual, ser negro y casarse con una pareja blanca, ser judío y pasear sin una estrella que te identificase, practicar sexo con tu cónyuge por la puerta de atrás, contestar la opinión del monarca.Los estados absolutistas, las dictaduras y ahora las democracias de postureo tienen una gran imaginación para construir las bases jurídicas de nuevos delitos y recortar tanto la libertad de sus ciudadanos (o tendríamos que decir súbditos), como limitar y limitar la capacidad de la población de protestar, discrepar o soñar.
No en todos los lugares las mismas cosas son delito. En algunos países lucir una esvástica constituye delito, loar la figura de un dictador también. En otros se financia con dinero público la Fundación Francisco Franco.
En España, la Ley de seguridad ciudadana de 2015 o Ley Mordaza, aprobada con los votos del PP y UPN, ya convirtió en delito la participación en manifestaciones no aprobadas por las autoridades, filmar a la policía en el ejercicio de su trabajo, escalar edificios sin permiso para desplegar pancartas, o desobedecer o resistir a la autoridad para impedir, por ejemplo, un desahucio.
Ahora, el Gobierno apoyado por los partidos políticos de la oposición estancados en el orden postdictatorial de la Constitución del 76 quieren dibujar un nuevo delito para frenar la protestas de los nacionalistas catalanes: sedición para los CDR que día tras día imaginan formas pacíficas de protesta para evitar que la opresión silencie y sepulte el grito de sus justas reivindicaciones, malversación para los que cortan las autopistas; quizás desobediencia y rebelión para los que secunden una huelga general.
¿Quién puede extrañarse? Es un comportamiento absolutamente previsible para los que ya han amenazado de inhabilitar a todos aquellos dirigentes que, ganando limpiamente las elecciones, pretendan gobernar pensando lo que ha sido declarado inconveniente.
Los políticos del estado huxleysiano tienen la máquina de la postverdad sobrecalentada: Ahora quieren introducir en nuestras mentes que los pacíficos Comités de Defensa de la República, CDR, son violentos grupos de violencia urbana. Mañana los abuelos que bailan sardanas quizás serán perseguidos; sólo sería necesario tejer un absurdo relato para justificar que la suya es una conducta inadecuada que pone en peligro la paz pública y buscan subvertir el orden constitucional.
El siguiente paso en su demente escalada es decretar el delito de discrepancia y perseguir a todos aquellos que no comulguen bajo la rueda de su molino. Y, por tanto, aquel, que a pesar de toda la violencia que está ejerciendo el Estado opresor contra el divergente, se empecine en seguir pensando libremente y defender que otros puedan hacerlo, terminará siendo detenido de madrugada en las narices del silencio cómplice de sus psoecinos
¡Cuidado! porque quemar brujas es como comer pipas, cuando el absolutismo hace pop ya no hay stop, y todos los divergentes, lo seamos por hache o por be, nos volvemos canarios.


La misma administración que no se ha hecho absolutamente NADA porque los inmigrantes llegados a España desde la década de los 90 adquirieran una competencia suficiente en las lenguas oficiales del Estado que les permitiese conocer suficientemente las leyes nacionales para defender sus derechos como trabajador e relacionarse con sus vecinos de diferente origen y la población aborigen; ahora pretende dar un salto de cangrejo y reconstruir la desigualdad por nacimiento entre los niños de Catalunya (y resto de los territorios bilingües) según la lengua materna de cada uno, volviendo a la época de la transición democrática postfranquista y liquidando el esfuerzo de la escuela que ha garantizado el dominio de las lenguas del estado como demuestran las pruebas de acceso a la universidad.
Los gobiernos del PSOE y del PP no han requerido a los recién llegados la adquisición de un nivel mínimo de las lenguas oficiales para obtener/renovar el permiso de trabajo y obtener la ciudadanía, porque eso hubiese impuesto un gasto al erario público para subvencionar los cursos necesarios y, sobre todo, obligado a los patronos a reservar parte del horario laboral para la adquisición del dominio de la lengua, tal y como se hace en los países avanzados a los que nos queremos asemejar, como por ejemplo Alemania.
Todo lo contrario, en la concepción de los gestores de la administración del Estado, esta población no debía adquirir competencias para mantener a la baja los costes laborales, porque continuamos con la visión tardofranquista que indica que nuestro lugar en Europa es el de vivero de mano de obra barata, ya que sólo los ciudadanos creemos que podemos competir en innovación y productividad si dejamos de subvencionar a la patronal con este tipo de prebendas.
Aún hoy, en plena crisis, el control sobre la contratación laboral es casi nulo, permitiendo casos de explotación laboral de inmigrantes sin papeles que rayan el esclavismo y que salpican los diarios.
Esta misma administración ahora bombardea la inmersión lingüística en las escuelas de los territorios con lengua propia (Balears, Catalunya, Euskadi, Galicia y País Valencià) ajena a que sus escolares adquieren una competencia sobre el Castellano igual o superior al de los territorios no bilingües, y sin importarle que eso supondría perpetuar las diferencias de salida de los menores, cercenándoles su capacidad de ascenso social. Y en defensa de semejante insensatez, dan altavoz a las familias de lengua materna castellana que alegan que el uso de un lengua ajena a la de casa en la educación dificulta el acceso a los conocimientos, sin recordar que aprender a entender en otra lengua ajena a la materna, dota a los chiquillos de recursos que le permitirán mayor permeabilidad para conceptos nuevos (matemáticos, de ciencias) y terceras lenguas (inglés, alemán, chino) y que de manera inconcebible no reclaman más recursos para la educación pública para reducir las ratios alumno/aula, incrementar la atención a la diversidad o garantizar la sexta hora lectiva.


