Inteligentes ciudadanos que dedicais al menos un 10% del
tiempo que dedicais al fútbol, a las divinitys o a las series a pensar sobre lo
que ocurre estos días en vuestro país, deciros que la suma de Ley Mordaza + la elección
política de los miembros del tribunal supremo y constitucional + la ampliación
de la plantilla vasca + la estrategia del terror sobre la discrepancia y la
clase trabajadora nos lleva a una democracia
de postureo, un sistema que aparentemente es una democracia, pero donde
ningún ciudadano tiene garantizados sus derechos humanos y sociales.En una democracia real, NO es posible que comandos armados organizados por magistrados y ejecutados por miembros de la guardia civil detengan, con gran despliegue de medios y costos para el erario público, a personas por un tweet cualquiera, una función de marionetas o un rap, ni apliquen a la ligera la ley antiterrorista a cualquiera que proteste y corte una carretera. Y que, mucho menos, priven de libertad a las personas que lo han hecho.
En una democracia real, NO se puede permitir que estás
detenciones sean discriminatorias y las opiniones que se persigan sean las que
unos pocos decidan, aplicando el delito de odio de forma parcial y torticera. Recuerden
que el delito de odio está para defender a las minorías oprimidas y no para
defender a los poderosos ni a la opinión mayoritaria.
En una democracia real, la fiscalía NO admite a trámite las
denuncias de aquellos que se autoerigen defensores de la moral e indican que se
puede decir y que no, y mucho menos instan detenciones contra personas que sólo
han hecho pública su opinión, de forma más o menos acertada, pisoteando el
habeas corpus mínimo de un estado del siglo XXI.
Ahora que el Gran Hermano controla todos nuestros
movimientos, debemos estar atentos al traslado de algunos magistrados al
tribunal resucitado de la santa inquisición o a un nuevo cuerpo de élite
judicial represor. Dredd es totalitario





La misma administración que no se ha hecho absolutamente NADA porque los inmigrantes llegados a España desde la década de los 90 adquirieran una competencia suficiente en las lenguas oficiales del Estado que les permitiese conocer suficientemente las leyes nacionales para defender sus derechos como trabajador e relacionarse con sus vecinos de diferente origen y la población aborigen; ahora pretende dar un salto de cangrejo y reconstruir la desigualdad por nacimiento entre los niños de Catalunya (y resto de los territorios bilingües) según la lengua materna de cada uno, volviendo a la época de la transición democrática postfranquista y liquidando el esfuerzo de la escuela que ha garantizado el dominio de las lenguas del estado como demuestran las pruebas de acceso a la universidad.
Los gobiernos del PSOE y del PP no han requerido a los recién llegados la adquisición de un nivel mínimo de las lenguas oficiales para obtener/renovar el permiso de trabajo y obtener la ciudadanía, porque eso hubiese impuesto un gasto al erario público para subvencionar los cursos necesarios y, sobre todo, obligado a los patronos a reservar parte del horario laboral para la adquisición del dominio de la lengua, tal y como se hace en los países avanzados a los que nos queremos asemejar, como por ejemplo Alemania.
Todo lo contrario, en la concepción de los gestores de la administración del Estado, esta población no debía adquirir competencias para mantener a la baja los costes laborales, porque continuamos con la visión tardofranquista que indica que nuestro lugar en Europa es el de vivero de mano de obra barata, ya que sólo los ciudadanos creemos que podemos competir en innovación y productividad si dejamos de subvencionar a la patronal con este tipo de prebendas.
Aún hoy, en plena crisis, el control sobre la contratación laboral es casi nulo, permitiendo casos de explotación laboral de inmigrantes sin papeles que rayan el esclavismo y que salpican los diarios.
Esta misma administración ahora bombardea la inmersión lingüística en las escuelas de los territorios con lengua propia (Balears, Catalunya, Euskadi, Galicia y País Valencià) ajena a que sus escolares adquieren una competencia sobre el Castellano igual o superior al de los territorios no bilingües, y sin importarle que eso supondría perpetuar las diferencias de salida de los menores, cercenándoles su capacidad de ascenso social. Y en defensa de semejante insensatez, dan altavoz a las familias de lengua materna castellana que alegan que el uso de un lengua ajena a la de casa en la educación dificulta el acceso a los conocimientos, sin recordar que aprender a entender en otra lengua ajena a la materna, dota a los chiquillos de recursos que le permitirán mayor permeabilidad para conceptos nuevos (matemáticos, de ciencias) y terceras lenguas (inglés, alemán, chino) y que de manera inconcebible no reclaman más recursos para la educación pública para reducir las ratios alumno/aula, incrementar la atención a la diversidad o garantizar la sexta hora lectiva.