Las palabras deben ser las cosas más mancilladas del orbe
terrestre. Los demagogos y los mentirosos las encuentran indefensas y las
secuestran fácilmente. Luego a base de repetir la mentira cientos de veces
intentan hacerla pasar por verdad, cosa fácil de lograr si cuentas con la
colaboración de los voceros: tertulianos, editorialistas y medios de
comunicación en general.
Son deshonestos (por decir algo suave) los que tergiversan
las palabras con la finalidad de engañar o confundir. También son deshonestos
los que conociendo o pudiendo conocer el engaño no lo combaten por puro interés.Empecemos:
Políticos presos: se dice de los representantes electos por la
ciudadanía que en el ejercicio de su cargo público en la administración son
detenidos como consecuencia de un mal uso de su responsabilidad: tráfico de
influencias, malversación de caudales públicos, prevaricación, apaño de licitaciones,
falsedad en documento público o contra la hacienda pública son los delitos más
conocidos; pero en este país estas conductas han llevado a muy pocos la cárcel,
porqué siempre cuesta mucho demostrar su autoría antes de que prescriban, sobre
todo, si se alargan injustificadamente su instrucción o cuesta encontrar con avezados
peritos que pueden desencriptar jeroglíficos como m. En estos casos y a pesar
del riesgo de reiteración delictiva, no se considera habitualmente la prisión
preventiva, ni los partidos políticos exigen la dimisión de sus cargos hasta
que haya sentencia firme y se alega falta contra la honra, si alguien les trata de ladrones una
vez conocida la sentencia, si esta está recurrida. También sería preso político
aquel cargo público inculpado por diseñar u ordenar la constitución de un grupo
paramilitar para luchar contra el terrorismo, por ejemplo.
Por tanto, la definición de político preso exige el
ejercicio de un cargo público, si esta circunstancia no concurre, por fuerza. ha
de ser otra cosa. Por lo que en el ejemplo catalán actual, Jordi Cuixart i
Jordi Sánchez no pueden ser políticos presos, al ser persones que lideraban
asociaciones independentistas ajenas a cualquier administración.
Presos políticos: la Wikipedia dice que son aquellos
detenidos por motivos políticos, o aquellos que la duración de su detención es claramente
desproporcionada con respecto al delito del que se ha declarado culpable o se
sospecha que fue cometido, o aquellos detenidos fruto de procedimientos que
fueron claramente injustos, o aquellos cuya detención ha sido efectuada violando
alguna de las garantías fundamentales establecidas en el Convenio Europeo de
Derechos Humanos.
Esta definición, en el actual ejemplo catalán, da cobijo
sin esfuerzo al conjunto de los encarcelados. Pues los delitos de malversación
que se les imputa no deberían suponer limitación preventiva de la libertad y la
organización de un referéndum de considerarse susceptible de constituir delito (por
demostrar) debería ser vista en el Tribunal Consitucional y no en el Tribunal
Supremo que sólo trata de lo penal.
Y ¿los delitos de sedición y sublevación cuando no ha
habido violencia? Estos son un claro ejemplo uso de la tergiversación de las
palabras y las leyes, de relato-ficción. Estos 2 delitos que recogen casi todos
los ordenamientos jurídicos de todos los países, ideados contra las posibles
personas que podrían liderar un golpe de estado violento a lo Tejero con sus
tanques en la calle y todo, se ha querido extender a aquellos que han defendido
pacíficamente la celebración de un referéndum, antes que este se celebrase.
Y ¿encarcelar a unos
por las penas de los otros? En toda vista preliminar para determinar las
medidas cautelares, el juez tiene la obligación de adoptar decisiones de forma
individual para cada imputado únicamente en función de los delitos que a este
se le imputan. Y nunca puede repercutir sobre su causa, la conducta de otro,
aunque este otro sea parte imputada en la misma causa. Así no se podría alegar
desacato a la autoridad a A por el escupitajo propiciado al juez por B. Y por
tanto no se puede alegar riesgo de fuga a una persona A que acude dos veces (o
todas las que es llamado) a declarar delante del juez, porque B no se ha
presentado. Es absurdo, pero además es prevaricación.
Y si todas estas anomalías las está protagonizando un juez,
la deshonra también se extiende a todos los políticos, periodistas, analistas
que en posesión de una educación media y conocedores de la burla, no las
desmienten en beneficio propio (medrar en su carrera) o de otros. Colaboradores necesarios de la difusión de la culpable mentira.


La misma administración que no se ha hecho absolutamente NADA porque los inmigrantes llegados a España desde la década de los 90 adquirieran una competencia suficiente en las lenguas oficiales del Estado que les permitiese conocer suficientemente las leyes nacionales para defender sus derechos como trabajador e relacionarse con sus vecinos de diferente origen y la población aborigen; ahora pretende dar un salto de cangrejo y reconstruir la desigualdad por nacimiento entre los niños de Catalunya (y resto de los territorios bilingües) según la lengua materna de cada uno, volviendo a la época de la transición democrática postfranquista y liquidando el esfuerzo de la escuela que ha garantizado el dominio de las lenguas del estado como demuestran las pruebas de acceso a la universidad.
Los gobiernos del PSOE y del PP no han requerido a los recién llegados la adquisición de un nivel mínimo de las lenguas oficiales para obtener/renovar el permiso de trabajo y obtener la ciudadanía, porque eso hubiese impuesto un gasto al erario público para subvencionar los cursos necesarios y, sobre todo, obligado a los patronos a reservar parte del horario laboral para la adquisición del dominio de la lengua, tal y como se hace en los países avanzados a los que nos queremos asemejar, como por ejemplo Alemania.
Todo lo contrario, en la concepción de los gestores de la administración del Estado, esta población no debía adquirir competencias para mantener a la baja los costes laborales, porque continuamos con la visión tardofranquista que indica que nuestro lugar en Europa es el de vivero de mano de obra barata, ya que sólo los ciudadanos creemos que podemos competir en innovación y productividad si dejamos de subvencionar a la patronal con este tipo de prebendas.
Aún hoy, en plena crisis, el control sobre la contratación laboral es casi nulo, permitiendo casos de explotación laboral de inmigrantes sin papeles que rayan el esclavismo y que salpican los diarios.
Esta misma administración ahora bombardea la inmersión lingüística en las escuelas de los territorios con lengua propia (Balears, Catalunya, Euskadi, Galicia y País Valencià) ajena a que sus escolares adquieren una competencia sobre el Castellano igual o superior al de los territorios no bilingües, y sin importarle que eso supondría perpetuar las diferencias de salida de los menores, cercenándoles su capacidad de ascenso social. Y en defensa de semejante insensatez, dan altavoz a las familias de lengua materna castellana que alegan que el uso de un lengua ajena a la de casa en la educación dificulta el acceso a los conocimientos, sin recordar que aprender a entender en otra lengua ajena a la materna, dota a los chiquillos de recursos que le permitirán mayor permeabilidad para conceptos nuevos (matemáticos, de ciencias) y terceras lenguas (inglés, alemán, chino) y que de manera inconcebible no reclaman más recursos para la educación pública para reducir las ratios alumno/aula, incrementar la atención a la diversidad o garantizar la sexta hora lectiva.



