Sacar la lengua y perpetuar la desigualdad.

La misma administración que no se ha hecho absolutamente NADA porque los inmigrantes llegados a España desde la década de los 90 adquirieran una competencia suficiente en las lenguas oficiales del Estado que les permitiese conocer suficientemente las leyes nacionales para defender sus derechos como trabajador e relacionarse con sus vecinos de diferente origen y la población aborigen; ahora pretende dar un salto de cangrejo y reconstruir la desigualdad por nacimiento entre los niños de Catalunya (y resto de los territorios bilingües) según la lengua materna de cada uno, volviendo a la época de la transición democrática postfranquista y liquidando el esfuerzo de la escuela que ha garantizado el dominio de las lenguas del estado como demuestran las pruebas de acceso a la universidad. Los gobiernos del PSOE y del PP no han requerido a los recién llegados la adquisición de un nivel mínimo de las lenguas oficiales para obtener/renovar el permiso de trabajo y obtener la ciudadanía, porque eso hubiese impuesto un gasto al erario público para subvencionar los cursos necesarios y, sobre todo, obligado a los patronos a reservar parte del horario laboral para la adquisición del dominio de la lengua, tal y como se hace en los países avanzados a los que nos queremos asemejar, como por ejemplo Alemania. Todo lo contrario, en la concepción de los gestores de la administración del Estado, esta población no debía adquirir competencias para mantener a la baja los costes laborales, porque continuamos con la visión tardofranquista que indica que nuestro lugar en Europa es el de vivero de mano de obra barata, ya que sólo los ciudadanos creemos que podemos competir en innovación y productividad si dejamos de subvencionar a la patronal con este tipo de prebendas. Aún hoy, en plena crisis, el control sobre la contratación laboral es casi nulo, permitiendo casos de explotación laboral de inmigrantes sin papeles que rayan el esclavismo y que salpican los diarios. Esta misma administración ahora bombardea la inmersión lingüística en las escuelas de los territorios con lengua propia (Balears, Catalunya, Euskadi, Galicia y País Valencià) ajena a que sus escolares adquieren una competencia sobre el Castellano igual o superior al de los territorios no bilingües, y sin importarle que eso supondría perpetuar las diferencias de salida de los menores, cercenándoles su capacidad de ascenso social. Y en defensa de semejante insensatez, dan altavoz a las familias de lengua materna castellana que alegan que el uso de un lengua ajena a la de casa en la educación dificulta el acceso a los conocimientos, sin recordar que aprender a entender en otra lengua ajena a la materna, dota a los chiquillos de recursos que le permitirán mayor permeabilidad para conceptos nuevos (matemáticos, de ciencias) y terceras lenguas (inglés, alemán, chino) y que de manera inconcebible no reclaman más recursos para la educación pública para reducir las ratios alumno/aula, incrementar la atención a la diversidad o garantizar la sexta hora lectiva.