El menudeo y la agencia tributaria

Estos días en los papeles se publican a bombo y platillo todas las operaciones que impulsa el ministro Montoro para buscar calderilla entre los cojines del sofá y así financiar las arcas públicas. En su impulso al menudeo en la inspección fiscal, el ministro del ramo está dedicando el tiempo de nuestro desnutrido cuerpo de inspectores fiscales (con una ratio por mil habitantes muy por debajo de la media europea) a controlar: las ayudas a familias numerosas y discapacidades, la correcta fiscalidad de los pensionistas que reciben pensiones complementarias de países terceros, la fiscalidad de los apartamentos o habitaciones turísticas ofertadas por internet, entre otros supuestos.

Y mientras se dedica a buscar migas de pan con las que rellenar el granero público y alimentar las necesidades del estado, renuncia, por temor a molestar a los dueños del cortijo, entre otras posibilidades, a:

1. comprobar la veracidad de los datos de los impositores en las SICAV donde es vox populis que la mayoría son testaferros utilizados por los reales propietarios del dinero para tributar menos.

2. perseguir la ingeniería fiscal de las empresas multinacionales que transfieren beneficios multimillonarios a otras empresas de su grupo para eludir su tributación en este país.

3. estirar del hilo de la publicitada lista Falciani.

4. exonerar de impuestos a las donaciones que los particulares personas de buen corazón realizan a los partidos políticos sean de la cuantía que sean, como las madres, sin esperar nada a cambio por su esfuerzo.

5. o amnistía a los presuntos evasores fiscales que gentilmente repatrían sus capitales.

Pero lo que más indigna, es que el ministro más chulo que un ocho, que utiliza la amenaza de la información privilegiada que le da su cargo para amedrentar en sus réplicas a todos los colectivos que le critican de tener entre sus filas grandes evasores fiscales (miembros de la farándula, deportistas, medios de comunicación, etc.) se convierte en el adalid de la puerta giratoria al volver a salir a la palestra las actividades y forma de lucrarse de los Montoro Boys, un bufete de asesores formado por altos cargos del Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria renegados, que se benefician de contratos gracias a su formación privilegiada y a la sombra del Ministro que les cobija; quien también recluta de entre sus trabajadores a los altos cargos de su gabinete para que todo se quede en casa.

Un primor de ministro.

La estrategia de la deserción‏

Una máxima, antes sacrosanta y hoy olvidada, que guiaba a todos los administradores de servicios y políticas públicas era la persecución de la equidad. Hablando más sencillo, que todos los ciudadanos que tenían derecho a un servicio accediesen a él con el mismo coste y la misma calidad estuviesen donde estuviesen y fuesen quienes fuesen. Y cando hablamos de servicios, estamos hablando de educación, sanidad, servicios sociales y otros.

Pero la ideología se truncó en algún momento y los gestores de lo público se volvieron extrañamente tacaños, recortando presupuestos en los equipamientos públicos, al tiempo que incrementaban las ayudas o los encargos a equipamientos privados; alentando o provocando la estrategia de la deserción de las familias de clase media hacia el sector privado que da beneficios a los de siempre.

Para hablar más sencillo, pondremos un ejemplo: la educación:

La administración renunció a garantizar la oferta universal de plazas para todos los niños en un centro público, por lo que las familias no pueden elegir centro y deben concurrir a un sorteo que no les garantiza que la escuela que se le asigne a sus hijos sea de su agrado.

Esta estrategia facilita la renuncia voluntaria de las familias con recursos a padecer este drama y su consecuente frustración. Así muchas de ellas, preocupadas por el desarrollo de sus vástagos, renuncian a su derecho y optan por escuelas concertadas, asumiendo a pagar un sobre coste por el derecho educación gratuita durante al menos 13 años. Pero su huida de lo público comporta un sesgo en negativo la diversidad en las aulas, ya que sólo optan únicamente a una escuela privada las familias que no pueden financiar este sobrecoste y 4 bucólicos que defienden la educación pública a ultranza y por encima del cadáver de sus propios hijos.

El resultado es el aislamiento de la escuela pública de calidad, su cerco, que ya no es defendida por el conjunto de la población, sino sólo por aquellos que tienen menos recursos. Circunstancia que facilita la aplicación de recortes continuados que cada vez dificulta más su buen funcionamiento y facilita un círculo vicioso que autoexcluye a familias con cada vez menos recursos, que hacen un sobreesfuerzo económico para no enviar a sus hijos a aulas que difícilmente y a pesar del cuerpo a cuerpo de los buenos docentes, pueden navegar con éxito.
Aun así las aulas públicas serán el único recurso para muchas familias y para los diferentes, porqué sólo estas están obligadas a dar respuesta a celíacos, a invidentes, o a demás colectivos minoritarios.
Y, mientras tanto, la administración favorece a las escuelas empresas privadas, arrojando a sus fauces a más familias en huida y permitiendo en estos centros mayores ratios de niños por aula, pagos indebidos e incluso el adoctrinamiento religioso, que aceptan muchas familias laicas a cambio de la promesa de un mayor dominio de la lengua extranjera o de una mayor homogeneidad de los alumnos en el aula.

Promover la renuncia voluntaria de las familias con recursos a los servicios públicos garantizados por la Constitución se ha convertido ahora en el mantra de las políticas liberales y las aplicadas por los seguidores de la austeridad sea cual sea el color de su pelaje político.
Potenciar que las familias de la denominada clase media lleven a sus hijos a escuelas y universidades privadas, tengan pólizas médicas que les permita el acceso a centros privados, o paguen servicios privados para pagar el cuidado de sus mayores o sus personas dependientes no sólo permite recortar en gasto público útil y en igualdad social, sino que alienta el negocio privado en la educación, la sanidad, los servicios sociales y todo tipo de seguros, cuyas empresas pueden justificar cada vez más la subida de sus costes (en ausencia de una alternativa pública de calidad).

La estrategia de alentar la deserción de lo público busca el divide y vencerás, en el que el colectivo que termina pagando por lo que debería ser un derecho, no ve mal, sino que puede llegar a demandar, con el consiguiente placer de los plutarcas, que se recorte el presupuesto que mantiene este servicio público que ya no usa. La estrategia busca que nos olvidemos de lo que una vez soñamos: que algunos servicios tenían que ser gratis e igual para todos, con la finalidad, entre otras, de que todos los niños pudiesen llegar al sitio que todos los padres quieren, sus sueños.