Los fines de semana, en los diarios formales llueven los titulares por los que los operadores tanto habían rezado. Los medios publican en grandes tipos proclamas que nos anuncian que regresan las ventas al inmobiliario, que vuelven las subidas en los precios de los pisos, aunque sea con cuentagotas, inapreciables estadísticamente y en ubicaciones no conocidas. E incluso, como pregoneros de sus amos, hacen saber que contados promotores vuelven a vender pisos sobre plano en algunos lugares muy selectos. Y, finalmente repiquetean las campanas, publicando la más esperada de todas las máximas: vuelve a ser hora de invertir en vivienda, cuando la realidad los hace ridículos.
Los datos reales, que nunca verifican los plumíferos, indican que el precio de la vivienda ha bajado más de un 31% de media en el Estado desde 2008 y todo indica que no parece tener fuerzas para subir a corto plazo. Las razones son meridianas: los ingresos medios de las familias han descendido significativamente desde esa fecha, pero sobre todo la demanda de vivienda en propiedad tiende a 0, por causas ampliamente conocidas, un gran número de hogares con algún miembro desempleado, la multiplicación del número de hogares con algún miembro con trabajo precario y una inusitada precariedad laboral entre los hogares jóvenes. Realidades objetivas que se ven reforzadas con el desmoronamiento de la máxima que había marcado nuestra conducta respecto a la vivienda en los tiempos de la democracia: el precio de la vivienda nunca baja, que ha hecho que en los últimos años ningún padre y ninguna suegra haya sido capaz de pronunciar entera la cantinela antes tan repetida repetida: alquilar es tirar el dinero.
La herida que han sufrido miles de peatones es demasiado reciente para que la haya cauterizado la amnesia todavía, aunque no se haya sufrido en las propias carnes. Hoy todo el mundo sabe no sólo que una vivienda puede devaluarse, sino que su compra si se realiza a través de la contratación de un préstamo hipotecario, no sólo puede significar una pérdida económica como en cualquier otro negocio, sino también la perdida de la vivienda principal, los ahorros acumulados durante toda la vida para iniciar la aventura e incluso la salud al soportar la angustia de una ejecución hipotecaria y el consecuente lanzamiento y el futuro al poder quedar con deuda pere sin casa después de haber sido ejecutado. No podemos pronosticar por cuanto tiempo estarán inoculados los ciudadanos ante este riesgo, pero en este tiempo la ciudadanía debería exigir a la administración y los políticos que la manejan una serie de reformas básicas:
Una ley hipotecaria que impida hipotecas a 40 años y un día, con esfuerzos draconianos sobre los ingresos reales de las familias y sobregarantias a la del bien hipotecado mismo. Sobre todo que impida que se ponga en riesgo la vivienda habitual de los avaladores.
Una ley de arrendamientos urbanos que dé seguridad al inquilino sobre la evolución de las rendas a pagar y la duración de los contratos de alquiler homologable a las europeos.
Una fiscalidad favorable sólo al alquiler, que facilite su acceso, pero que a su vez incentive la salida al mercado de las viviendas no ocupadas en condiciones de precios referenciados.
Medidas que deberían tener como objetivo que el gasto familiar en vivienda no fuese superior al 20% del presupuesto familiar, con el objeto de liberar el resto al consumo de otros bienes que generan un empleo y un modelo de desarrollo más sostenible que el de burbuja inmobiliaria.
Quizás, cigarras mías, si nos preparamos ahora no tengamos que volver a rasgarnos las vestiduras cuando llegue otro invierno, aunque no sea tan duro como este.
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